KIKA-GUÍA JURÍDICA-PRÁCTICA IV

 

KIKA-GUÍA JURÍDICA-PRÁCTICA IV

DELITOS II (DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL)

 

En esta ocasión veremos dos tipologías de delitos que interesa apreciar en estos contextos. Una primera versión de éstos tendría menor gravedad (el llamado delito de maltrato) respecto de la segunda (delitos sexuales). Siendo así, empezaremos a detallar los pormenores del denominado “delito de maltrato”.

1.     Delito contra la integridad moral. - art. 173.1: «El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. [...] Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33».

 

Varios comentarios a título ilustrativo.

Por un lado, ya referimos en la primera entrada que el derecho a la integridad física y moral constituye el pórtico de acceso a los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. En este delito vemos el anverso a esta declaración, erigiéndose un círculo de protección para aquellas conductas que desprecien vilmente esta dimensión humana.

Nuestro Tribunal Constitucional (el cual, es de reconocer, se halla en horas bajas) en su mítica sentencia 120/1990 ya consignó que «se protege la inviolabilidad de la Persona, no solo contra los ataques dirigidos a lesionar su cuerpo y su espíritu, sino también contra clase de intervenciones en esos bienes que carezcan del consentimiento de su titular». En este sentido, será interesante contrastar, caso a caso, como a través del mecanismo de “la obediencia” se vehiculan comportamientos y actitudes que orillen el consentimiento del titular de este derecho aludido.

Por su parte, el Supremo define trato degradante como aquel «que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso, su resistencia física (SSTS 325/2013 y 28/2015)».

Como elementos de este delito, el TS lo entiende compuesto por:

a) un acto claro e inequívoco de contenido vejatorio;

b) un padecimiento físico o psíquico; 

c) un comportamiento degradante o humillante que incida en el concepto de dignidad de la persona.

La suma de estos elementos debe resultar en un caso claro de menoscabo grave de la integridad moral.

Un último considerando merece ser subrayado. El apartado primero cierra el círculo de punibilidad con una extensión de la responsabilidad penal hacia las personas jurídicas. Es decir, y aplicado sobre lo que nos concierne, la Iglesia Católica materializada en las respectivas Diócesis (o archidiócesis) puede incurrir en responsabilidad penal. No es menester entrar en un análisis detallado de sobre cómo se agrega la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, sus características y los grados de combinación para con la responsabilidad penal común, o de las personas físicas. Basta apreciar, a efectos divulgativos, que la Iglesia Católica, de no actuar diligentemente en estos escenarios, puede ser sentada en el banquillo.

 

2. Delitos sexuales. - La magnitud y especial seriedad, dada la enorme sensibilidad y la consideración de tema tabú de los delitos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, merecen una consideración especial. Más aún si cabe, conforme a la nueva regulación de los delitos sexuales.

En esta ocasión veremos los delitos genéricos, las conductas base, haciendo un resumen sucinto de lo demás. Los delitos sexuales se castigan en distintos capítulos, dentro del Título VIII del Libro II de nuestro Código Penal, en atención a distintas circunstancias: Según sea una u otra la pena se alza y se modifica el patrón del delito. Normalmente esto pasa para reducir y acotar el marco de impunidad.

Se abre el asunto con una relación de los “delitos estándar” de agresiones sexuales. Seguidamente se establece una regulación específica de agresiones sexuales cuando la víctima sea menor de edad. Otro caso de especial mención es el acoso sexual. Y finalmente se penan en capítulos diferentes los relativos al exhibicionismo y provocación sexual y los delitos de pornografía y corrupción de menores. 

Veremos solamente las conductas bases relativas al primer capítulo. Así pues, el art. 178 establece que «1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión.

4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable».

La regulación anterior distinguía entre abuso y agresión sexual según hubiera elementos de violencia o no. En esta nueva hipótesis jurídica se prescinde de estos distingos apreciándose una única categoría. Estos delitos ven agravadas sus penas en caso de acceso carnal (penetración) según el art. 179 y en la concurrencia de una serie de circunstancias que merecen, a juicio del legislador, un incremento del reproche penal.

 

Dani